En las últimas horas, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia reactivó una investigación contra el actual ministro del Interior, Armando Benedetti, por su presunta vinculación con el llamado “carrusel de las pensiones” del Magisterio en Córdoba. Según el proceso se relaciona con el presunto desvío de más de 150.000 millones de pesos mediante resoluciones falsas que habrían permitido el cobro irregular de pensiones a nombre de docentes inexistentes o suplantados.
La investigación, que se remonta a una compulsa de copias enviada por la Fiscalía en 2016, señala que el entramado habría operado con la participación de jueces, abogados, exfuncionarios de la Fiduprevisora y secretarías de Educación. En este contexto, el nombre de Benedetti aparece mencionado por su posible rol como facilitador político durante su paso por el Senado. Aunque el ministro no ha sido imputado formalmente, la Corte ha citado a nuevos testigos y decretado pruebas clave para esclarecer su eventual responsabilidad.
Entre los testimonios más recientes figura el del abogado Álvaro Enrique Burgos, condenado por este mismo caso, quien habría señalado que Benedetti le solicitó un porcentaje del dinero sustraído. El ministro, por su parte, ha negado cualquier participación en el desfalco y ha calificado las actuaciones judiciales como una persecución política. No obstante, la reapertura del caso coincide con otras diligencias en su contra, como el allanamiento a su residencia por una investigación paralela por presunto enriquecimiento ilícito.
Aunque el proceso se encuentra en etapa preliminar, la reactivación de este expediente pone nuevamente bajo escrutinio público la trayectoria del ministro y plantea interrogantes sobre la transparencia en el manejo de recursos del sistema pensional docente. La Corte Suprema continúa con la práctica de pruebas, y se espera que en las próximas semanas se definan nuevas decisiones procesales.