La polémica por la posesión del nuevo Congreso tiene un capítulo aparte en Arauca. La congresista Karen Manrique, reelegida en la circunscripción de paz, enfrenta un obstáculo que podría impedirle ocupar su curul: permanece en prisión por las acusaciones que la vinculan con el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Desde allí, buscó un permiso especial para asistir al Capitolio el 20 de julio bajo custodia militar, pero la Corte Suprema de Justicia rechazó su solicitud.
El magistrado Ariel Torres, encargado de su proceso, recordó que la Sala de Instrucción ordenó su detención por la gravedad de los delitos que se le atribuyen, el riesgo de reincidencia y el peligro que representaría para la comunidad. Manrique ha sido mencionada por exdirectores de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, como una de las congresistas que habría direccionado contratos millonarios a cambio de votos favorables en proyectos de endeudamiento del Gobierno.
Ante la negativa de salir de prisión, la congresista intentó otra vía: pidió a la Cámara de Representantes que le permitieran posesionarse de manera virtual, a través de una videollamada. Aunque la solicitud fue radicada en junio, hasta comienzos de julio no había recibido respuesta oficial. El caso abre un debate sobre los límites legales y éticos de quienes, pese a estar privados de la libertad, buscan mantener su representación política en el Congreso.
