El concejal de Bogotá, Andrés Barrios, presentó ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad contra la Resolución Conjunta 1350 de 2026, expedida por el Gobierno nacional. La norma establece la “Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 2026-2035” y ordena su implementación en colegios públicos y privados. Según Barrios, la medida excede las competencias de los ministerios que la firmaron y vulnera facultades que corresponden al presidente y al Congreso de la República.
La acción judicial cuestiona además los contenidos que la resolución busca incluir en las aulas, relacionados con identidad sexual, deseo y placer desde edades tempranas. Para el concejal, estos lineamientos podrían generar controversia sobre la pertinencia de los temas según la edad de los estudiantes y afectar la libertad de cátedra y de pensamiento. En su escrito, Barrios advierte que la iniciativa desconoce las convicciones de las familias y limita la autonomía de las instituciones educativas para definir sus propios proyectos pedagógicos.
El documento radicado ante el alto tribunal se sustenta en cinco argumentos jurídicos, entre ellos la falta de competencia ministerial, la vigencia limitada del Plan de Desarrollo en el que se apoya la norma y la ausencia de participación de padres y docentes en la discusión. Barrios también señaló que la resolución fue expedida a menos de un mes de terminar el actual mandato presidencial, dejando su implementación al gobierno entrante. Con esta demanda, el concejal busca que la justicia administrativa suspenda la medida y garantice que cualquier política de educación sexual se construya con concertación y respeto por la autonomía escolar.
