El congresista electo Jaime Arizabaleta anunció que el próximo 20 de julio radicará en el Congreso la denominada «Ley Anticapuchos», una iniciativa con la que busca facultar a la Fuerza Pública para ingresar a universidades públicas y privadas cuando se presenten disturbios, con el objetivo de capturar a personas encapuchadas y restablecer el orden. Según el legislador, la propuesta pretende fortalecer la seguridad dentro de los campus y evitar que las instituciones educativas sean utilizadas como refugio por quienes cometan actos de violencia durante las protestas.
La iniciativa ha abierto un intenso debate en el país debido a que la autonomía universitaria, consagrada en la Constitución, ha limitado históricamente el ingreso de la Fuerza Pública a estos espacios, salvo en circunstancias específicas previstas por la ley o con autorización de las autoridades universitarias. Arizabaleta sostiene que la medida busca proteger a estudiantes, docentes y trabajadores de hechos vandálicos, mientras que sus críticos advierten que podría modificar el alcance de esa autonomía y afectar el ejercicio del derecho a la protesta dentro de los centros de educación superior.
El proyecto comenzará su trámite legislativo en el Congreso, donde deberá superar varios debates antes de convertirse en ley. Entretanto, la propuesta ya divide opiniones entre quienes consideran que es una herramienta necesaria para enfrentar la violencia en algunas manifestaciones universitarias y quienes alertan sobre el riesgo de otorgar mayores facultades de intervención estatal en los campus. El alcance definitivo de la iniciativa dependerá de la discusión legislativa y de un eventual control de constitucionalidad si llega a ser aprobada.
