El Gobierno de Abelardo De La Espriella dio un giro contundente a la política de seguridad heredada de la administración de Gustavo Petro y ordenó reactivar las órdenes de captura que permanecían suspendidas contra más de 30 integrantes de estructuras armadas que habían sido reconocidos como gestores de paz. La medida afecta a cabecillas de las disidencias de las Farc y del ELN, quienes habían recibido beneficios judiciales en el marco de los procesos de diálogo impulsados durante el anterior Gobierno. La decisión se enmarca en la estrategia de “mano dura” anunciada por De La Espriella, quien durante la campaña había planteado eliminar la figura de los gestores de paz y recuperar el control territorial mediante la Fuerza Pública.
Uno de los nombres que vuelve a quedar en el centro de la ofensiva estatal es Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, jefe del Estado Mayor de Bloques y Frentes de las disidencias de las Farc. Su situación ya había generado controversia: en 2024 fue detenido junto con otros integrantes de la organización en una caravana de vehículos de la Unidad Nacional de Protección, donde las autoridades encontraron armas, municiones y dinero en efectivo, pero posteriormente recuperó la libertad debido a la suspensión de las órdenes de captura asociada a su papel como gestor y negociador de paz. En 2026, además, la Fiscalía había mantenido temporalmente suspendida su orden de captura mientras se evaluaban nuevas evidencias y su continuidad en los diálogos.
Con la nueva determinación, la condición de gestor de paz deja de operar como escudo frente a las órdenes judiciales y abre la puerta a una nueva ofensiva de la Fuerza Pública y la Fiscalía para ubicar y capturar a los integrantes de estas organizaciones que tengan requerimientos vigentes. El cambio representa un quiebre frente a la política de “paz total” de Petro y plantea un escenario de mayor presión militar y judicial sobre las estructuras armadas.
