El Congreso recibió el pasado 13 de octubre la Ley de Sometimiento, radicada por los ministros del Interior, Rodrigo Lara, y de Justicia, Iván Cancino. La iniciativa, que será estudiada de forma prioritaria en las comisiones primeras del Senado y la Cámara, busca ofrecer una ruta jurídica clara para los grupos armados que decidan someterse a la justicia. El proyecto contempla un tratamiento penal diferenciado, condicionado al cumplimiento de requisitos como la dejación de armas, la entrega de personas secuestradas y reclutadas, y el compromiso de cesar toda actividad ilícita.
Entre los puntos más llamativos del texto, compuesto por 22 artículos, se encuentra la posibilidad de una rebaja punitiva del 50 % de la pena acumulada para quienes aporten verdad, reparación a las víctimas y contribuyan al desmantelamiento de las economías criminales. En el caso de líderes de organizaciones armadas, la reducción sería del 30 %. Además, se plantea que las medidas de aseguramiento puedan cumplirse en centros de arraigo transitorios, colonias agrícolas o cárceles productivas, con el propósito de vincular el cumplimiento de la pena a procesos restaurativos.
La propuesta también incluye la entrega de bienes obtenidos de actividades ilícitas como garantía de reparación, trabajos restaurativos como la erradicación de cultivos ilícitos y la posibilidad de acceder a libertad condicional tras cumplir las cuatro quintas partes de la pena, siempre que exista concepto favorable de las víctimas y verificación de las autoridades. Con estas disposiciones, el Gobierno busca abrir un camino legal que combine justicia, verdad y reparación, en un debate que promete marcar la agenda política y social del país.
