La polémica alrededor de Verónica Alcocer, ex primera dama y expareja del expresidente Gustavo Petro, tomó una nueva dimensión tras las declaraciones de Eva Ferrer, exasesora presidencial, quien aseguró en entrevista con SEMANA que Alcocer habría participado en viajes a Venezuela en los que presuntamente se transportaron drogas y regresaron 2,5 millones de dólares. A esto se sumó la información divulgada por el periodista Juan Esteban Silva, según la cual el Departamento de Estado de Estados Unidos está al tanto de los reportes. Sin embargo, conocer estas denuncias no equivale a confirmar que los hechos ocurrieron.
El caso también adquiere relevancia porque Alcocer fue incluida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) en su lista de sanciones el 24 de octubre de 2025, bajo la Orden Ejecutiva 14059, relacionada con el comercio ilícito mundial de drogas. Además, la Procuraduría General abrió una indagación preliminar para esclarecer los señalamientos de Ferrer, mientras se han anunciado verificaciones sobre los vuelos oficiales mencionados. Por ahora, las acusaciones deben tratarse como presuntas y corresponde a las autoridades establecer si existen pruebas que las sustenten y determinar eventuales responsabilidades.
La pregunta de fondo es qué ocurrió realmente en esos viajes y qué pueden demostrar los registros aeronáuticos, los movimientos de dinero y los testimonios mencionados. Por la gravedad de las acusaciones y por tratarse de una figura vinculada al anterior Gobierno, el caso merece una investigación rigurosa, transparente y sin interferencias políticas. Ni la cercanía de Alcocer con Petro demuestra responsabilidad penal, ni las denuncias pueden descartarse por su origen político. En un Estado de derecho, las acusaciones deben investigarse, las pruebas deben hacerse valer y las responsabilidades deben establecerse sin privilegios ni condenas anticipadas.
