En medio de la recta final del Gobierno de Gustavo Petro, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado prepara la posible firma de un contrato por cerca de 2,5 millones de dólares, unos 8.500 millones de pesos, con una firma internacional de abogados. El objetivo sería atender la demanda presentada por la EPS Sanitas ante el Ciadi, en la que se acusa al Ejecutivo de haber impulsado medidas que afectaron su sostenibilidad financiera.
La controversia surge porque, según expertos, el proceso aún no tiene plazos inmediatos que justifiquen la urgencia de un contrato de tal magnitud. Además, la decisión se daría a pocas semanas de que finalice el actual mandato, lo que ha despertado cuestionamientos sobre la oportunidad y la transparencia de la contratación. Desde la ANDJE se insiste en que la defensa del Estado no depende de un gobierno en particular y que la prioridad es proteger los intereses del país.
El caso de Sanitas se ha convertido en uno de los puntos más sensibles de la política de salud del presidente Petro, marcada por la intervención de varias EPS y por un enfrentamiento con el modelo privado. Mientras tanto, la entidad asegura que está abierta a auditorías y al acompañamiento de organismos de control, con el fin de garantizar que la estrategia jurídica se mantenga dentro de los parámetros legales y en beneficio de Colombia.
