En medio de la emergencia que atraviesa Venezuela tras los devastadores terremotos del 24 de junio, voces de legisladores estadounidenses han puesto la atención sobre Diosdado Cabello, actual ministro del Interior y Justicia. Desde Washington, congresistas republicanos cuestionaron su papel en la gestión de la ayuda humanitaria y pidieron que se le responsabilice por presuntamente obstaculizar el ingreso de brigadas internacionales de rescate.
La congresista María Elvira Salazar fue una de las más críticas, al señalar que “únicamente un delincuente impediría que los equipos de salvamento lleguen hasta las personas atrapadas”. Otros legisladores, como Carlos Giménez y Rick Scott, coincidieron en que Cabello estaría interfiriendo en el acceso de recursos y especialistas, en un momento en que la tragedia ha dejado más de 2.000 muertos y miles de heridos.
Incluso se plantearon llamados a su captura y extradición, como expresó Mario Díaz-Balart, quien insistió en que Cabello debería enfrentar la justicia. Estas declaraciones se dan en un contexto de tensión política y humanitaria, donde Estados Unidos refuerza su presencia para apoyar a las comunidades afectadas, mientras persisten las denuncias sobre limitaciones en el ingreso de ayuda internacional.
