El hijo mayor del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos, seguirá en libertad pese a las acusaciones de presunta corrupción en contratos del Atlántico. La decisión fue tomada por un juzgado de Barranquilla que ratificó la negativa de imponer medida de aseguramiento, a pesar de los señalamientos de la Fiscalía que lo vinculan con intereses indebidos en convenios destinados a poblaciones vulnerables. Aunque se le imputaron cargos, Petro no los aceptó y su defensa insiste en que todo se trata de un proceso con motivaciones políticas.
La controversia se agudizó cuando la Fiscalía reveló que, mientras el diputado alegaba no poder asistir presencialmente a las audiencias por estar incluido en la llamada Lista Clinton lo que le impediría comprar tiquetes aéreos, sí habría estado en clubes militares de Cartagena y Santa Marta. Según el ente acusador, incluso coincidió en uno de estos lugares el mismo día en que debía comparecer en Barranquilla, lo que para la fiscal del caso constituye un incumplimiento claro de las órdenes judiciales.
En medio de estas contradicciones, la Fiscalía solicitó sancionar a Nicolás Petro con arresto hasta por cinco días, argumentando desobediencia a las disposiciones del juzgado. Sin embargo, la defensa sostiene que las pruebas presentadas no demuestran responsabilidad directa y que se trata de una persecución mediática. Por ahora, el hijo del presidente permanece libre, mientras la opinión pública se divide entre quienes ven un montaje político y quienes exigen que la justicia actúe con contundencia.
