La senadora María Fernanda Cabal publicó un mensaje en redes sociales en el que relacionó a varios funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro con procesos judiciales. Entre ellos figuran nombres como Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, imputado por presuntos delitos de violación de topes electorales y tráfico de influencias durante su papel como gerente de campaña en 2022; así como Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD, vinculados al escándalo de corrupción en esa entidad. También se menciona a Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones, quien enfrenta un proceso judicial en el marco de ese mismo caso, aunque su defensa ha solicitado la preclusión.
Otros nombres señalados por Cabal, como Álvaro Leyva (excanciller), Luis Fernando Velasco (exministro del Interior) y Ricardo Bonilla (exministro de Hacienda), han sido llamados a responder ante la justicia por presuntas irregularidades administrativas o contractuales. En el listado también aparecen Laura Sarabia, exdirectora del DAPRE, y Carlos Ramón González, exdirector del DNI, quienes han estado bajo investigación en medio de cuestionamientos sobre el manejo de recursos y decisiones en la Casa de Nariño. En todos estos casos, los procesos se encuentran en curso y no hay condenas en firme, por lo que se mantiene la presunción de inocencia.
La publicación de Cabal reavivó el debate sobre la transparencia en el gobierno y el impacto de los escándalos judiciales en la confianza institucional. Si bien varios de los mencionados han sido imputados o llamados a juicio, otros solo enfrentan investigaciones preliminares. La discusión refleja la tensión política y la necesidad de que las autoridades judiciales avancen con celeridad para esclarecer responsabilidades, garantizando siempre el respeto al debido proceso y a los derechos fundamentales de los implicados.
