Una grave denuncia encendió las alarmas en Antioquia. Empresas Públicas de Medellín (EPM) reveló ante el Congreso un informe de seguridad en el que advierte sobre millonarias exigencias económicas de estructuras armadas para permitir la operación de Hidroituango. Según la información conocida, las pretensiones habrían llegado a $5.000 millones como cuota inicial y más de $500 millones mensuales. Las intimidaciones también habrían puesto en la mira al Metro de Medellín y a la Alcaldía de la capital antioqueña.
El documento, enviado el pasado 28 de octubre a la Cámara de Representantes, señala presiones del Clan del Golfo y del Frente 36 de las disidencias de las Farc. Entre los hechos más graves atribuidos al Frente 36 está la instalación de dos cilindros con explosivos en la vía de acceso a Hidroituango, situación en la que un sargento del Ejército perdió la vida y un soldado resultó herido. Además, el proyecto habría permanecido cerca de una semana sin recibir carga crítica.
La denuncia también advierte sobre atentados contra tres torres de transmisión eléctrica en Medellín y Bello, así como sobrevuelos de drones sobre Hidroituango. El senador Simón Molina calificó estas acciones como una «declaración de guerra» contra el Estado y Antioquia, y pidió al Gobierno tomar medidas contundentes para recuperar el control territorial y proteger la infraestructura estratégica del departamento.
