La controversia alrededor de la Casa de Nariño sigue creciendo luego de que el abogado del expresidente Gustavo Petro, Alejandro Carranza, presentara una denuncia en la que señala presuntas irregularidades contra servidoras públicas vinculadas al Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE). Según el jurista, algunas funcionarias habrían sido, supuestamente, sometidas a extensos interrogatorios sobre aspectos de su vida personal, redes sociales y supuestas posiciones políticas, hechos que pidió investigar ante las autoridades competentes.
Uno de los episodios que más ha llamado la atención dentro de la denuncia involucra a una funcionaria que, de acuerdo con la versión expuesta por Carranza, habría sido, supuestamente, requisada sin ropa por una integrante de la Policía tras varias horas de interrogatorio. El abogado aseguró que la mujer resultó emocionalmente afectada por la situación y anunció que ampliará la denuncia en los próximos días, además de llevar el caso ante instancias relacionadas con la defensa de los derechos humanos.
La denuncia también menciona la posible participación de otros funcionarios y personas que, según los testimonios recopilados por la defensa, habrían, presuntamente, intervenido en los procedimientos cuestionados. Mientras tanto, el caso ha generado un intenso debate por la gravedad de los señalamientos y por las dudas que plantea sobre el trato que estarían recibiendo algunos servidores públicos dentro de una de las instituciones más importantes del país.
