La directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Lina Marida Garrido, encendió las alarmas al revelar las cifras de contratación por prestación de servicios durante los cuatro años del gobierno de Gustavo Petro. Según su recuento, la entidad suscribió cerca de 40.000 contratos, con un costo acumulado de 1,6 billones de pesos, lo que reabre el debate sobre el peso de esta modalidad en la administración pública.
Garrido detalló que en 2022 la ANT cerró con 1.400 contratistas, pero la cifra se disparó en los años siguientes. Solo en 2025 se vincularon 11.643 personas bajo esta figura, y en 2026, hasta agosto, ya se habían contratado 9.400 más. El impacto económico también es significativo: en lo corrido de este año, la contratación por CPS alcanzó cerca de $500.000 millones, casi medio billón de pesos.
Las cifras expuestas por la nueva directora ponen sobre la mesa un tema sensible: el crecimiento de la contratación estatal y el uso de los contratos de prestación de servicios como herramienta para la ejecución de políticas. En este caso, el debate se centra en la Agencia Nacional de Tierras, entidad clave en la implementación de la política agraria del país, y en cómo estos gastos marcaron el rumbo de la gestión durante el gobierno Petro.
