Dos sindicatos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) denunciaron públicamente una presunta maniobra que, según afirman, estaría adelantando Juliana Guerrero para conservar su esquema de seguridad una vez finalice el Gobierno del presidente Gustavo Petro. De acuerdo con los representantes sindicales, la estrategia consistiría en acreditar una supuesta condición de activista política o defensora de derechos humanos, con el propósito de cumplir los criterios exigidos para mantener las medidas de protección. Hasta el momento, estas afirmaciones corresponden a denuncias sindicales y no existe una decisión judicial o administrativa que las confirme.
Según Giovanni Gallo, presidente nacional de Analtraseg, un analista de la UNP habría acudido al sindicato denunciando presuntas presiones para elaborar un estudio de riesgo por fuera de los procedimientos habituales de la entidad. Como respaldo de sus afirmaciones, el sindicato asegura contar con un audio atribuido a Juliana Guerrero, en el que, presuntamente, menciona que la orden provendría del presidente de la República y que estaría gestionando un certificado de militancia del Polo Democrático para sustentar su permanencia dentro del esquema de protección. Estas versiones no han sido corroboradas por las autoridades competentes.
Los sindicatos también sostienen que, de acuerdo con la información que dicen conocer, Guerrero no registraría actualmente un nivel de riesgo que justifique la continuidad del esquema de seguridad bajo los parámetros establecidos por la UNP. En ese sentido, solicitaron que el caso sea revisado con total transparencia y conforme a los procedimientos legales vigentes. Hasta el momento, ni Juliana Guerrero, ni la Presidencia de la República, ni la dirección de la UNP han emitido un pronunciamiento público conocido sobre las denuncias, por lo que los hechos continúan siendo materia de controversia y deberán ser esclarecidos por las autoridades competentes.
