La senadora Amaranta Hank (Deicy Alejandra Omaña Ortiz) desató una fuerte controversia tras asegurar que los recientes ataques contra la Policía Nacional, entre ellos los registrados en Puerto Lleras y Santander, así como el deterioro de la seguridad en regiones como el Catatumbo, estarían relacionados con los discursos políticos del abogado Abelardo De La Espriella. Según la congresista, el lenguaje empleado por el líder político contribuiría a un ambiente de mayor violencia e inseguridad en el país.
Sin embargo, sus declaraciones generaron una ola de cuestionamientos en redes sociales y entre distintos sectores políticos. Los críticos sostienen que resulta contradictorio atribuir la actual situación de orden público a De La Espriella cuando el presidente Gustavo Petro continúa al frente del Gobierno y el abogado solo asumiría funciones como mandatario el próximo 7 de agosto. Para sus detractores, la responsabilidad por la seguridad sigue recayendo en la administración vigente.
La discusión ha reavivado el debate sobre los límites del discurso político y la responsabilidad frente a la crisis de seguridad que atraviesa Colombia. Mientras unos consideran que las palabras de los líderes pueden influir en el clima de violencia, otros insisten en que los hechos de orden público deben analizarse con base en las decisiones y resultados del gobierno que actualmente ejerce el poder, y no sobre un mandatario que aún no ha asumido el cargo.
