Mientras los colombianos en el exterior ya ejercen su derecho al voto desde el pasado 15 de junio, en el territorio nacional la tensión aumenta. En Nariño, las disidencias de las Farc que operan en la subregión de La Cordillera impusieron un toque de queda y anunciaron sanciones económicas contra quienes decidan abstenerse de participar en la jornada electoral. La medida quedó registrada en un audio atribuido a un cabecilla del frente Franco Benavides, donde se confirma la suspensión de actividades laborales para obligar a los habitantes a desplazarse hacia los puestos de votación.
El mensaje, que circula entre comunidades rurales, advierte que quienes no acudan a las urnas “van a tener multa”, dejando en evidencia el constreñimiento electoral que estas estructuras ilegales ejercen sobre la población. Aunque se asegura que el transporte público y los comercios seguirán funcionando, la orden afecta principalmente a trabajadores agrícolas y habitantes de zonas apartadas que deben viajar a centros urbanos para votar. La presión se extiende a corregimientos donde históricamente los grupos armados han impuesto normas de control social.
La situación ha generado alarma entre líderes sociales y defensores de derechos humanos, quienes denuncian que estas prácticas vulneran la libertad ciudadana y ponen en riesgo el carácter democrático de las elecciones. Autoridades locales han advertido que la creciente injerencia de los grupos armados ilegales en asuntos civiles y electorales constituye una amenaza directa para el proceso democrático en Nariño y refleja la persistente influencia de las disidencias en territorios donde mantienen fuerte presencia armada.
