En medio del escándalo de la UNGRD, la senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta, fue sorprendida por la presencia de la Policía en su residencia en Bogotá, tras una orden emitida por la Corte Suprema de Justicia. Aunque en redes sociales y algunos medios se habló de una “captura”, en presunción lo que realmente se aplicó fue la figura de conducción, un mecanismo que obliga a una persona a comparecer a rendir indagatoria cuando ha sido citada previamente y no ha asistido.
La orden fue impartida por la magistrada Cristina Lombana, de la Sala de Instrucción, luego de que Peralta solicitara dos aplazamientos de la diligencia. Por ello, las autoridades llegaron hasta su vivienda para trasladarla a la Corte, donde debía rendir declaración en el proceso que investiga su presunta participación en el caso de corrupción de la UNGRD. Expertos como el abogado Julián Quintana señalaron que esta medida no implica privación de la libertad, pero sí refleja la seriedad de los indicios que motivan la investigación.
Antes de ingresar al edificio de la Corte, Peralta aseguró que se trataba de una “persecución política” en su contra y manifestó su disposición a colaborar con la justicia. En presunción, este episodio deja en evidencia la tensión entre la narrativa de persecución que plantea la senadora y la insistencia de la Corte en garantizar su comparecencia, generando un ambiente de incertidumbre y polémica en torno a su situación jurídica.
