Hace apenas una semana, el senador Jhon Moisés Besaile Fayad, conocido como Jhonny Besaile, se subió a una tarima en Córdoba para respaldar abiertamente la candidatura presidencial de Paloma Valencia. Allí afirmó que la senadora “no está untada de corrupción”, en un gesto que buscaba mostrarla como alternativa limpia frente a la política tradicional. Sin embargo, días después, la Corte Suprema de Justicia lo condenó en primera instancia, generando un terremoto político en la región.
El alto tribunal lo halló responsable del delito de falsedad ideológica en documento público agravado, al haber alterado la fecha de una resolución cuando se desempeñaba como secretario del Interior de Córdoba entre 2012 y 2014. Según la investigación, esa maniobra permitió dar una antigüedad ficticia a una corporación para que participara en procesos de subcontratación ligados a proyectos de ciencia y tecnología financiados con regalías. El caso hace parte del entramado conocido como el “cartel de las regalías”, que desvió millonarios recursos públicos en el departamento.
La sentencia impuso a Besaile 69 meses de prisión domiciliaria, más de siete años de inhabilidad para ejercer cargos públicos y la obligación de ofrecer disculpas públicas. El contraste entre su reciente respaldo a Valencia y la condena por corrupción ha desatado controversia nacional, pues pone en evidencia cómo figuras cuestionadas siguen teniendo protagonismo en campañas presidenciales. El episodio reaviva el debate sobre la influencia de clanes políticos en Córdoba y la credibilidad de los apoyos que reciben los candidatos en plena contienda electoral.
