La justicia boliviana emitió una orden de captura contra el expresidente Evo Morales tras su inasistencia al juicio por trata de personas en el tribunal de Tarija. El juez Carlos Oblitas lo declaró en rebeldía y dispuso además su arraigo, medida que le impide salir del país. Según las autoridades judiciales, Morales enfrenta acusaciones graves relacionadas con una presunta relación con una menor de edad durante su mandato, caso que ha generado amplia controversia dentro y fuera de Bolivia.
La defensa del exmandatario, encabezada por Wilfredo Chávez, calificó el proceso como una persecución política y cuestionó la validez de las notificaciones judiciales. Chávez denunció irregularidades en el uso de edictos para convocar a su cliente y sostuvo que la apertura del juicio no correspondía sin una notificación personal previa. Mientras tanto, la Fiscalía asegura haber presentado más de 170 pruebas en el proceso, lo que refuerza la decisión judicial de avanzar en el caso.
El expresidente permanece en la región del Chapare, su principal bastión político y social, desde 2024. La orden de captura ha intensificado la polarización política en Bolivia, con seguidores que denuncian atropellos y detractores que exigen que Morales responda ante la justicia. El caso se desarrolla en un contexto de crisis política y tensiones con el actual gobierno, y mantiene al líder del MAS en el centro del debate nacional e internacional.
