Un reciente informe de la Contraloría General de la República ha puesto en evidencia que varias aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana, entre ellas el modelo Hércules C-130, no cuentan con pólizas de seguro vigentes desde su llegada al país en 2020. Esta situación, detectada en auditorías financieras al sector defensa, plantea riesgos fiscales y operativos, ya que la ausencia de aseguramiento compromete coberturas esenciales como responsabilidad civil, protección del casco de la aeronave y accidentes de la tripulación.
En el marco de esta investigación, se presume que el avión siniestrado en Puerto Leguízamo el pasado 23 de marzo, donde fallecieron 69 personas, tampoco estaba asegurado. De confirmarse, este hallazgo podría abrir la posibilidad de reclamaciones legales por parte de las familias de las víctimas, quienes tendrían argumentos para solicitar compensaciones económicas al Estado por presunta falla en el servicio.
La Contraloría anunció que los resultados definitivos de la auditoría se conocerán entre mayo y junio de 2025, momento en el cual se establecerán las responsabilidades fiscales correspondientes. Mientras tanto, el caso genera preocupación sobre la gestión de aseguramiento en el sector defensa y los posibles costos millonarios que podrían derivarse de la falta de cobertura en aeronaves que operan en zonas de alto riesgo.
