La elección de Martha Peralta como senadora por la Circunscripción Nacional Indígena, con más de 61.000 votos, ha despertado dudas y controversias. En municipios como Uribia, el salto de apenas 111 votos en 2022 a más de 11.000 en 2026 levantó sospechas entre ciudadanos e internautas, quienes recuerdan que su nombre ha sido mencionado en los testimonios clave del entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La Fiscalía, en audiencias de imputación contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, señaló la presunta participación de Peralta en la repartija de contratos para asegurar mayorías en el Congreso durante el debate de la reforma pensional. Según el ente acusador, la senadora habría coordinado la estrategia del Gobierno y solicitado direccionar proyectos por más de $12.395 millones hacia congresistas de la coalición oficialista.
Aunque Peralta insiste en su inocencia, las indagaciones continúan y la presión ciudadana crece. Tras la orden de captura emitida por la Corte Suprema contra dos congresistas recién elegidos el 8 de marzo, muchos colombianos se preguntan si la senadora del Pacto Histórico será la próxima en enfrentar la justicia. La polémica no solo pone en entredicho su elección, sino que también intensifica el debate sobre la transparencia en los procesos electorales y legislativos del país.
