Los firmantes del Acuerdo de Paz respondieron formalmente a las sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tras ser hallados responsables de más de 21.000 secuestros cometidos durante el conflicto armado. El tribunal ajustó las penas entre cinco y ocho años, según el nivel de responsabilidad de cada exintegrante del último Secretariado de las extintas Farc. Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel y Pablo Catatumbo recibieron ocho años de sanción; Pastor Alape, siete; Julián Gallo, seis; y Rodrigo Granda, cinco.
En un comunicado, los comparecientes aseguraron que acatarán lo ordenado por la JEP y que ven en el cumplimiento de las sanciones una vía para reparar a las víctimas y reconstruir el tejido social en las regiones más golpeadas por la guerra. No obstante, condicionaron parte de ese proceso a la resolución de solicitudes de aclaración pendientes ante el tribunal, presentadas tanto por ellos como por víctimas, lo que refleja la tensión que aún rodea la implementación del acuerdo.
El pronunciamiento llega en un momento en que el nuevo Gobierno, encabezado por Abelardo De La Espriella, ha tomado decisiones que afectan directamente la hoja de ruta de la paz, como el desmonte de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final y la Consejería para la Paz. Los exguerrilleros pidieron que se mantengan las garantías para la reincorporación de más de 13.000 excombatientes, recordando que detrás de cada cifra hay familias y comunidades que esperan que el compromiso con la paz se traduzca en oportunidades reales de convivencia y reconciliación.
