El lunes 2 de marzo, los últimos integrantes del secretariado de las extintas Farc-EP hicieron un reconocimiento histórico ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Por primera vez, los antiguos máximos jefes de esa guerrilla admitieron su responsabilidad en el reclutamiento y utilización de más de 18 mil niñas y niños durante el conflicto armado colombiano.
El anuncio desató una tormenta política. Críticas apuntaron hacia figuras que hicieron parte de las Farc y que hoy ocupan cargos públicos. Una de ellas es la senadora Sandra Ramírez, conocida como Griselda Lobo Silva, excombatiente y actual congresista, quien en distintas ocasiones ha negado que el reclutamiento de menores haya sido una práctica sistemática de esa organización.
Según documentos revelados por medios nacionales y testimonios de víctimas, el nombre de Ramírez ha sido mencionado en hechos relacionados con reclutamiento forzado y violencia. Sin embargo, la senadora ha reiterado que no tiene cuentas pendientes con la justicia y actualmente figura en condición de compareciente ante la JEP.
Mientras tanto, Ramírez insiste en su aspiración de reelegirse en el Senado, en medio de un clima de indignación social y reclamos de justicia por los crímenes cometidos contra miles de menores durante la guerra.
