La campaña presidencial de Iván Cepeda ha puesto en marcha una estrategia jurídica para vigilar el proceso electoral del próximo 31 de mayo. Según Alí Bantú Ashanti, coordinador nacional de escrutinio, ya cuentan con 4.000 abogados y buscan sumar hasta 22.000 profesionales del derecho para garantizar que los votos sean respetados y que la voluntad ciudadana se refleje en los resultados oficiales. La Procuraduría y demás autoridades han sido instadas a investigar denuncias sobre presunto constreñimiento a votantes y jurados.
Entre las inquietudes planteadas por el equipo de Cepeda se encuentran el manejo de los jurados de votación y el funcionamiento del software de la Registraduría. De acuerdo con lo expresado por Ashanti, en procesos anteriores se habrían presentado inconsistencias entre el preconteo y el escrutinio, lo que refuerza la necesidad de contar con testigos y abogados en cada mesa. La campaña insiste en que se trata de un asunto de seguridad nacional, dado el impacto que tendría cualquier irregularidad en la estabilidad democrática del país.
Finalmente, el coordinador aseguró que el movimiento político confía en la fuerza del voto popular y en la posibilidad de alcanzar la victoria en primera vuelta. Para ello, convocan a la ciudadanía a participar masivamente y a los abogados a sumarse como garantes del proceso. La campaña subraya que su llamado es a la movilización pacífica y al respeto por la decisión de los colombianos, siempre bajo la presunción de que las instituciones deben garantizar transparencia y confianza en los resultados.
