La Minga indígena volvió al centro del debate político luego de que se conociera que organizaciones vinculadas a este movimiento han recibido más de $405.000 millones en contratos estatales durante el Gobierno de Gustavo Petro. Los datos, revelados por el concejal de Bogotá Daniel Briceño con base en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), han generado controversia al coincidir con expresiones públicas de respaldo al senador Iván Cepeda en escenarios políticos recientes.
De acuerdo con la información oficial, los recursos han sido destinados a programas de educación indígena, fortalecimiento institucional y procesos de concertación entre el Estado y las comunidades étnicas. Sin embargo, sectores de la oposición cuestionan la magnitud de la contratación y advierten que podría existir una relación entre el flujo de dinero y el apoyo político, lo que ha encendido las alarmas en medio del ambiente preelectoral.
Voceros indígenas, por su parte, defienden que los convenios responden a obligaciones constitucionales y políticas públicas dirigidas a los pueblos étnicos, y que su respaldo político a Cepeda obedece a afinidades ideológicas y programáticas. El debate se intensifica mientras la oposición exige mayor escrutinio y transparencia sobre el uso de los recursos y su impacto en la dinámica electoral.
