La discusión sobre la inseguridad en Barranquilla escaló en los últimos días tras las declaraciones del alcalde Alejandro Char, quien cuestionó la política de “paz total” del Gobierno nacional. En respuesta, el presidente Gustavo Petro señaló en su cuenta de X que la violencia en la región Caribe tiene raíces históricas vinculadas al paramilitarismo y a prácticas políticas regionales, lo que generó un cruce de mensajes de alto tono entre ambos líderes.
El intercambio se produce en un contexto de denuncias ciudadanas por extorsión, cierres de pequeños comercios y capturas de presuntos delincuentes, hechos que mantienen la seguridad urbana en el centro del debate público. Mientras Char insiste en que la extorsión golpea a familias y comerciantes y reclama acciones más contundentes, Petro defiende su enfoque y atribuye el problema a factores estructurales como la desigualdad y la corrupción política.
Las reacciones no se hicieron esperar: sectores políticos respaldaron al alcalde y criticaron al presidente por el tono de sus afirmaciones, mientras otros destacaron la necesidad de un compromiso más fuerte del Gobierno nacional frente al crimen organizado. El rifirrafe convirtió una denuncia local en un debate nacional sobre las responsabilidades de los gobiernos locales y centrales en la lucha contra la inseguridad.
