La muerte de Kevin Acosta, menor que padecía hemofilia, sigue generando debate nacional. En medio de la controversia, la Nueva EPS, actualmente intervenida por el Gobierno, divulgó apartes de la historia clínica del niño para respaldar la versión entregada por el presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quienes han señalado que el fallecimiento se habría producido por un trauma craneoencefálico severo tras un accidente. La publicación del documento generó cuestionamientos, debido a que las historias clínicas son de carácter reservado.
Entre las voces críticas está la del exfiscal general Francisco Barbosa, quien afirmó que revelar datos médicos de un menor podría constituir un delito relacionado con la violación de datos personales, según lo establecido en el Código Penal. También se han pronunciado organizaciones médicas como Médicos de Colombia, que señalaron que el punto central del caso debería ser la continuidad del tratamiento. Expertos como el genetista Juan José Yunis y Diego Gill, de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, han explicado públicamente que, con el manejo adecuado, los pacientes con hemofilia pueden llevar una vida activa, y que la falta de tratamiento oportuno puede agravar cualquier episodio hemorrágico.
Por su parte, Katherine Pico, madre del menor, ha insistido en que su hijo no murió por la caída, sino por la falta de medicamento, y ha rechazado cualquier señalamiento en su contra. Desde otros sectores, como la Defensoría del Pueblo, se ha hecho un llamado a revisar la actuación del sistema de salud y asumir responsabilidades institucionales si hubo fallas. Mientras tanto, el debate continúa abierto, tanto por la protección de los datos clínicos como por la necesidad de esclarecer con rigor qué ocurrió en este caso, siempre bajo el respeto que merece la memoria del menor y el dolor de su familia.
