La información es real y confirmada. El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo Arenas, advirtió recientemente que alcaldes, políticos o particulares que utilicen las ayudas humanitarias con fines electorales podrían enfrentar procesos penales. Señaló que estas prácticas constituirían el delito de fraude a subvención, que contempla penas de prisión de hasta nueve años en la legislación colombiana.
Carrillo fue enfático en que el uso de alimentos, kits de aseo, materiales de construcción o donaciones oficiales para favorecer aliados políticos, excluir beneficiarios o incluir personas cercanas en listados constituye una conducta sancionable penalmente. Además, recalcó que estas acciones no solo son una falta de ética, sino un delito grave que afecta directamente a los damnificados de emergencias como las que se viven en Córdoba.
La advertencia del Gobierno busca blindar la distribución de ayudas oficiales y prevenir irregularidades en el manejo de recursos públicos destinados a atender emergencias. El mensaje es claro: politizar las ayudas humanitarias puede llevar a cárcel.
