El Consejo de Estado suspendió de manera provisional el decreto que fijaba el aumento del salario mínimo para 2026 en un 23,7 %, lo que lo había elevado a $2 millones incluyendo auxilio de transporte. La medida cautelar fue tomada por el despacho del magistrado Juan Camilo Morales, tras admitir una demanda que cuestiona la legalidad del decreto expedido el 29 de diciembre de 2025 por el Gobierno de Gustavo Petro.
La orden judicial establece que el Ejecutivo deberá expedir un nuevo decreto transitorio en un plazo máximo de ocho días, ajustado a los parámetros legales y constitucionales. El alto tribunal recalcó que la fijación del salario mínimo debe obedecer a criterios técnicos como inflación, productividad y concertación tripartita entre empresarios, trabajadores y Estado, y no únicamente a decisiones políticas.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, reaccionó calificando la medida como “surrealista”, advirtiendo que un salario mínimo provisional podría generar efectos en cadena en múltiples escalas salariales. Además, reconoció que la suspensión podría convertirse en un argumento político para sectores opositores, abriendo un nuevo frente de controversia en plena coyuntura electoral.
