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LA LENGUA CARIBE

Hoy es Lunes, 14 de septiembre - 10:00 a. m.
Nacional, Política

¡A pie y sin escoltas! De La Espriella tumba los millonarios esquemas y camionetas de los influencers consentidos del petrismo pagados con tus impuestos

La Unidad Nacional de Protección (UNP) viene desmontando varios de los esquemas de seguridad asignados durante el gobierno de Gustavo Petro a figuras cercanas al petrismo. Entre los casos más recientes están los de los creadores de contenido Gabriela Muñoz, Beto Coral y Levy Rincón, además de la exfuncionaria Juliana Guerrero. La entidad argumenta que las nuevas evaluaciones técnicas no encontraron las condiciones de riesgo extraordinario necesarias para mantener las medidas. En el caso de los tres primeros esquemas retirados en agosto, el costo conjunto de escoltas, vehículos, combustible, mantenimiento y viáticos rondaba los $40 millones mensuales.

Los casos han generado controversia por los antecedentes y la exposición pública de cada uno. Gabriela Muñoz, cercana al expresidente Petro y vinculada a polémicas por su presunta influencia en la Aerocivil, había recibido un esquema con vehículo y escoltas pese a no ocupar un cargo público de relevancia al momento de la asignación. Juliana Guerrero, por su parte, estuvo vinculada al Gobierno Petro y su protección fue objeto de cuestionamientos después de que se conociera un audio en el que habría buscado mantener o reforzar su esquema. Beto Coral, conocido por sus posiciones políticas y su cercanía al petrismo, también perdió la protección oficial; incluso la UNP notificó posteriormente el retiro de medidas asignadas a su madre y hermano.

A este grupo se sumó Levy Rincón, uno de los influenciadores más visibles de la izquierda, cuyo esquema estaba compuesto por dos escoltas y una camioneta. Rincón cuestionó la decisión y aseguró que durante años había sido considerado en riesgo extraordinario por amenazas y otros hechos de seguridad. El desmonte de estas medidas hace parte de la revisión emprendida por la UNP sobre los esquemas asignados durante la administración anterior y ha abierto una nueva discusión sobre los criterios utilizados para proteger a figuras políticas y activistas con recursos públicos, en un país donde la entidad debe priorizar a quienes realmente enfrentan riesgos extraordinarios.

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