El presidente Abelardo De La Espriella anunció la creación de un protocolo nacional para definir en qué circunstancias las autoridades podrán intervenir en los campus universitarios. Según explicó en una alocución, la medida busca diferenciar entre la protesta pacífica y los actos de violencia o alteraciones graves del orden público, que a su juicio requieren respuesta inmediata del Estado. El mandatario subrayó que la autonomía universitaria no puede estar por encima del orden público.
El anuncio se produjo tras los recientes disturbios en Bogotá durante marchas estudiantiles, lo que llevó al jefe de Estado a insistir en que su gobierno garantizará el derecho a la protesta pacífica, pero enfrentará con firmeza el vandalismo y la destrucción de infraestructura. “El terrorismo y los ataques contra la población civil no son protesta”, señaló De La Espriella, al justificar la necesidad de un protocolo que regule la actuación de las autoridades en escenarios universitarios.
La propuesta generó reacciones inmediatas. La excandidata vicepresidencial Aida Quilcué cuestionó la iniciativa y advirtió que la seguridad no puede convertirse en excusa para desconocer la autonomía universitaria, consagrada en la Constitución y la Ley 30 de 1992. A través de su cuenta en X, Quilcué recordó que los centros de educación superior deben ser espacios para el pensamiento y la movilización, y alertó sobre el riesgo de que los estudiantes sean perfilados o perseguidos por ejercer su derecho a la protesta.
