Una decisión del Gobierno nacional alrededor del traslado de cabecillas criminales volvió a poner a Barranquilla en el centro de la conversación pública. En las últimas horas, desde el Ministerio de Justicia se confirmó que quedó en pausa la solicitud para llevar a cárceles de la capital del Atlántico a líderes de las bandas Los Pepes y Los Costeños, un movimiento que, según se comenta, tomó fuerza en medio de los diálogos de la llamada Paz Total y que provocó reacciones inmediatas en la región.
El anuncio llegó luego de los reparos expresados por autoridades locales, entre ellas el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, quienes interpretaron el traslado como una medida sensible para una ciudad golpeada por la violencia. Desde el Gobierno, el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, explicó que la suspensión responde a la necesidad de una mejor coordinación entre Inpec, Policía y autoridades territoriales, y respondió a las críticas señalando que, desde su lectura, los acercamientos con estas estructuras habrían coincidido con una reducción en homicidios y extorsiones.
El cruce de mensajes generó comentarios por el tono del debate y por las cifras que se pusieron sobre la mesa, así como por los cuestionamientos sobre el manejo de recursos de seguridad en la ciudad. Mientras tanto, se interpreta que el tema seguirá abierto, pues en los próximos días se espera una reunión entre el Gobierno nacional y las autoridades locales para definir qué pasará con estos traslados antes de que venza la tregua pactada a finales de enero de 2026.
