La candidata presidencial Paloma Valencia ha puesto la justicia en el centro de su plan de gobierno, con propuestas que buscan endurecer las sanciones contra la corrupción y fortalecer el sistema penal. Entre sus principales banderas está la consigna de “cero impunidades: el que la hace, la paga”, con la que promete cárcel para los corruptos y la extinción de sus bienes, como medida ejemplarizante para combatir uno de los males más persistentes del país.
Valencia plantea además un robustecimiento del sistema de justicia penal, con fiscales especializados en estructuras criminales, bloqueo total de comunicaciones en cárceles para frenar la extorsión, y leyes que castiguen las prácticas dilatorias en los procesos judiciales. También propone endurecer las penas para reincidentes y delincuentes reiterados, así como el uso de inteligencia artificial en investigaciones criminales para agilizar la judicialización.
En su visión, la justicia debe llegar a la gente en los momentos más críticos. Por ello, promete la creación de juzgados itinerantes de respuesta rápida, la construcción de 50 nuevas casas de justicia en todo el país y brigadas móviles mensuales en zonas rurales sin presencia judicial. Con estas medidas, Valencia busca proyectar un gobierno que combine mano dura contra la corrupción y el crimen con acceso efectivo a la justicia para los ciudadanos más vulnerables.
