El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha mantenido el uso de bombardeos como herramienta para enfrentar a grupos armados ilegales. Sin embargo, recientes operativos en Caquetá, Guaviare y Arauca han encendido las alarmas: aunque se reportan bajas dentro de las estructuras criminales, los principales cabecillas siguen sin ser capturados o abatidos.
La controversia creció tras la confirmación de la muerte de menores de edad reclutados por estos grupos, lo que ha generado cuestionamientos sobre la precisión de la inteligencia militar. Mientras el presidente defiende la estrategia, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, responsabiliza a los criminales por involucrar a niños en el conflicto, y destaca avances en la desvinculación de menores.
Expertos en seguridad advierten que la efectividad de estos ataques podría estar viéndose afectada por fallas en la recolección de información o filtraciones internas. Aunque las Fuerzas Militares insisten en que las operaciones se basan en inteligencia rigurosa, el debate sobre su impacto real y sus consecuencias humanas sigue abierto.
