El Consejo de Estado revocó la inhabilidad de nueve años que la Procuraduría había impuesto al exalcalde de Cartagena, William Dau, por presuntas irregularidades en la contratación de pruebas rápidas de COVID-19 en 2020.
El alto tribunal declaró nulos los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia al concluir que las decisiones de la Procuraduría fueron “contrarias a derecho” y no contaban con pruebas suficientes para tipificar una falta disciplinaria.
La investigación se originó por un contrato de 725 millones de pesos para la compra de 10.000 pruebas rápidas, que el ente de control cuestionó por falta de cotizaciones previas y por la presunta falta de idoneidad de la empresa proveedora. Sin embargo, el Consejo de Estado encontró que no existían documentos que acreditaran la incapacidad de la contratista ni pruebas que demostraran incumplimientos o falta de autorización del Invima.
Los magistrados resaltaron que ninguna sanción puede imponerse sin evidencia concreta y en respeto al debido proceso. Con este fallo, Dau queda habilitado nuevamente para ocupar cargos públicos y el caso queda cerrado definitivamente.
