El caricaturista Julio César González, conocido como Matador, enfrenta una denuncia penal radicada en la Fiscalía General de la Nación por la presunta comisión de cinco delitos. El documento fue presentado por Carlos Andrés Ríos Puerta, director del Dapre y consejero comisionado de paz (e), quien pidió investigar las condiciones de un contrato de prestación de servicios firmado en octubre de 2024 entre el Consorcio Fondo Colombia en Paz y el artista.
Según la denuncia, el contrato presenta supuestas inconsistencias en la identificación del contratista, pues en uno de los apartados figura como “Julio César Rodríguez Quiceno”, mientras que en el resto de la documentación aparece como “Julio César González Quiceno”. También se señalan presuntas irregularidades en el manejo del IVA, ya que el RUT del caricaturista lo registraba como “no responsable” de dicho tributo, pese a que se incluyeron pagos mensuales por ese concepto. Además, se cuestiona que el lugar de ejecución se fijara únicamente en Bogotá, aunque algunas obligaciones requerían desplazamientos a otras regiones.
El escrito menciona a Gloria Cuartas como supervisora del contrato y advierte sobre inconsistencias en los informes de ejecución y en los períodos de cobro. Por estas razones, se solicita establecer si hubo irregularidades en la contratación y determinar la eventual responsabilidad de los involucrados. Los delitos por los que se pide investigar a Matador son peculado por apropiación, peculado culposo, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público.
