Elizabeth Ortiz, contratista señalada en redes sociales como cercana al petrismo, figura actualmente en el Secop con dos contratos vigentes que suman más de 188 millones de pesos. Uno de ellos, por 121 millones, fue adjudicado por la Presidencia de la República para labores de monitoreo y análisis de medios de comunicación; el otro, por 66 millones, corresponde a la Superintendencia de Subsidio Familiar y tiene como objeto apoyar procesos de inspección y vigilancia sobre las cajas de compensación.
De acuerdo con la información oficial disponible en la plataforma de contratación pública, estos contratos fueron asignados de manera directa y se extienden hasta finales de 2026, lo que implica que su ejecución continuará durante el nuevo gobierno. Además, registros previos muestran que Ortiz habría tenido otros contratos en sectores como Minas y Energía y el Ministerio de Salud, con valores que oscilan entre 55 y 121 millones de pesos, todos relacionados con asesorías técnicas y procesos de apoyo institucional.
La exposición pública de Ortiz se intensificó luego de que el entonces ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, la mencionara en un acto oficial, destacando su gestión en la consecución de recursos para un hospital en El Espinal. Desde entonces, su nombre ha sido objeto de debate en plataformas digitales, donde se cruzan datos del Secop y se discuten las cifras de su contratación. En medio de ese ruido, lo verificable son los documentos oficiales: contratos vigentes que reflejan cómo una profesional vinculada al sector público sigue en el centro de la conversación sobre transparencia y gestión estatal.
