El Gobierno de Abelardo De La Espriella oficializó el decreto que devuelve al Consejo de Estado la competencia para conocer en primera instancia las tutelas contra la Presidencia. Con esta medida, se revierte lo dispuesto durante la administración de Gustavo Petro, que había trasladado dichos procesos a los jueces de circuito. El texto señala que las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones u omisiones del mandatario en ejercicio de sus funciones deberán ser repartidas directamente al alto tribunal.
La decisión marca un nuevo capítulo en los cambios de jurisdicción que han acompañado a distintos gobiernos. Iván Duque había expedido un decreto similar para que el Consejo de Estado asumiera las tutelas en su contra, mientras que Petro deshizo esa medida y devolvió la competencia a los jueces ordinarios. Ahora, De La Espriella retoma la línea de centralizar estos procesos en una instancia nacional, argumentando que el Presidente simboliza la unidad del país y que sus decisiones deben ser revisadas por un órgano de mayor jerarquía.
El decreto aclara que las tutelas ya radicadas seguirán su curso en los despachos del circuito, mientras que las nuevas deberán tramitarse ante el Consejo de Estado. La medida ha generado debate: algunos sectores consideran que puede dificultar el acceso ciudadano al recurso, al concentrarlo en Bogotá, mientras otros defienden que las actuaciones presidenciales requieren un control judicial acorde con su alcance nacional.
