La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó que la exsenadora del Partido Comunes, Sandra Ramírez, presenta un riesgo de seguridad extremo, razón por la cual su declaración ante la Sala de Reconocimiento de la Verdad se realizará de manera virtual. La magistrada Lily Andrea Rueda Guzmán explicó que la condición fue corroborada mediante un informe de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que advierte sobre amenazas y posibles atentados contra su vida e integridad.
La diligencia está relacionada con una investigación que busca esclarecer posibles responsabilidades de Ramírez en hechos de reclutamiento de menores con fines de explotación sexual y otras violencias cometidas al interior de las antiguas Farc. Según explicó la magistrada, la JEP está contrastando una hipótesis sobre una posible responsabilidad por poder de facto, debido a la cercanía que habría tenido la exsenadora con la máxima autoridad de esa organización y su eventual capacidad de influir o controlar este tipo de conductas. Sin embargo, se trata de una hipótesis de investigación que aún debe ser contrastada y no de una responsabilidad judicial establecida.
La magistrada también resaltó la gravedad de los relatos entregados por las víctimas y aseguró que el propósito es esclarecer los hechos y determinar quiénes tuvieron responsabilidad en las violencias sufridas por niños y niñas dentro de las filas guerrilleras. La JEP insistió en que deberá escuchar tanto a Sandra Ramírez como a las víctimas antes de avanzar en sus conclusiones. El caso hace parte de las investigaciones sobre los abusos y las violencias cometidas contra menores durante el conflicto armado.
