En apenas cinco meses de 2026, Colombia ha registrado 52 masacres, la cifra más alta de la última década, según Indepaz. El fenómeno golpea con fuerza a departamentos como Antioquia, Cauca, Valle del Cauca y Norte de Santander, donde la violencia se ha recrudecido pese a las promesas del actual gobierno de alcanzar la llamada “paz total”. El promedio es alarmante: al menos una masacre por semana, en un país que aún carga las heridas abiertas del conflicto armado.
Los asesinatos colectivos se han convertido nuevamente en una estrategia de control social y territorial. Grupos armados ilegales, disidencias y estructuras criminales fragmentadas utilizan el miedo para someter comunidades rurales y urbanas, disputando corredores estratégicos y economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando. La Comisión de la Verdad ya había advertido que estas prácticas buscan paralizar la organización comunitaria y forzar desplazamientos masivos, dejando a campesinos, líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz en la mira de la violencia.
El panorama actual difiere del pasado: ya no existen grandes bloques armados como las antiguas Farc o las AUC, sino una atomización criminal que multiplica las confrontaciones y convierte a la población civil en blanco recurrente. La promesa gubernamental de transformar los territorios más golpeados por la guerra se enfrenta a una realidad cruda: la violencia no solo persiste, sino que se reinventa, dejando claro que la “paz total” aún es un horizonte lejano.
