Una orden administrativa de la Policía Nacional dispuso el traslado de decenas de uniformados que venían desempeñándose en la Jefatura de Protección Presidencial, encargada de la seguridad del entonces presidente Gustavo Petro. Los efectivos fueron enviados a diferentes departamentos del país, varios de ellos con, presuntos, graves problemas de orden público y presencia de grupos armados ilegales, según quedó consignado en el documento 26-233 del 21 de agosto de 2026.
Entre los destinos figuran Norte de Santander, Cauca, Nariño, Antioquia, Valle, Meta, Caquetá, Chocó, Arauca, Guajira, Urabá y Vichada. En estas regiones las autoridades enfrentan escenarios complejos de seguridad, desde ataques terroristas recientes en Cúcuta hasta la presencia de estructuras armadas como las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y el ELN. En varios casos, los policías pasaron de funciones especializadas de protección a labores en unidades territoriales, con el pago de primas de instalación por el cambio de lugar de servicio.
El movimiento representa una renovación del personal vinculado a la seguridad presidencial y su redistribución hacia zonas críticas del país. La orden no señala que los traslados hayan sido dispuestos directamente por el presidente Abelardo De La Espriella ni que respondan a una decisión política, pero sí confirma que los uniformados están siendo reubicados en jurisdicciones con mayores desafíos de seguridad, en un momento en que la institución busca reforzar su presencia en territorios golpeados por la violencia.
