Las acusaciones de Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual directora del Fondo Adaptación, pasaron al plano penal tras ampliar su denuncia en la Fiscalía contra Carlos Carrillo, director de la UNGRD, y Juliana Guerrero. Según reveló Caracol Radio, Rodríguez habría entregado números de teléfono y cuentas bancarias que, en su versión, estarían vinculadas a un presunto caso de extorsión. La funcionaria también aseguró que fue víctima de espionaje y amenazas, aunque Carrillo negó tajantemente la veracidad de los chats que ella presentó.
Rodríguez sostuvo que recibió mensajes y videos comprometedores donde supuestamente se evidenciaba un plan para atacarla, lo que calificó como “concierto para delinquir” y un intento de “exterminarla”. Carrillo, por su parte, rechazó las acusaciones y las calificó de irresponsables, asegurando que detrás de ellas hay motivaciones políticas. La Fiscalía ya citó a Rodríguez para ampliar su denuncia y verificar la autenticidad de las pruebas entregadas.
Las declaraciones también alcanzaron a Juliana Guerrero, a quien Rodríguez señaló de tener vínculos con el ELN y de ejercer un poder desmedido en varias entidades. El abogado penalista Andrés Arteaga explicó que, de comprobarse las exigencias económicas denunciadas, se configuraría el delito de extorsión, con penas de hasta 24 años de prisión. El caso sigue en desarrollo y mantiene en vilo al Gobierno, pues las acusaciones involucran a altos funcionarios y podrían escalar en el ámbito judicial y político.
