El Consejo de Estado admitió una demanda que busca frenar el decreto expedido por el presidente Gustavo Petro en enero de 2026, mediante el cual se eliminó la prima especial de servicios que reciben los congresistas. La medida, que reduciría en cerca de 16 millones de pesos mensuales los ingresos de senadores y representantes a partir del 20 de julio, abrió un debate nacional sobre la legalidad del recorte y sus efectos en la estructura salarial de los altos cargos públicos.
La acción judicial fue presentada por el abogado Sady Orjuela, quien argumenta que el decreto carece de soporte técnico y representa un retroceso en materia de derechos laborales. El caso adquirió un matiz particular cuando todos los magistrados de la Sección Segunda del Consejo de Estado se declararon impedidos para fallar, dado que sus propios salarios están ligados a los de los congresistas. Por esta razón, la decisión quedó en manos de conjueces, quienes deberán definir si la norma se mantiene o se anula.
La reacción del presidente Petro no se hizo esperar. A través de su cuenta en X, calificó como “increíble” que se intente limitar la facultad del mandatario para derogar decretos anteriores y defendió la reducción salarial como una medida necesaria. Además, vinculó la controversia con la necesidad de una asamblea nacional constituyente, al considerar que las instituciones se resisten a una autorreforma. La discusión sigue abierta y podría marcar un precedente en la política salarial de los altos funcionarios del Estado.
