El Gobierno Nacional expidió un decreto que ordena el traslado de $25 billones de fondos privados de pensiones a Colpensiones, una decisión que ha generado polémica en el Congreso de Asofondos, realizado en Cartagena. Estos recursos pertenecen a un subfondo conservador, es decir, al ahorro de personas que están a menos de 10 años de pensionarse o que incluso ya tienen derecho adquirido. Según Asofondos, cerca del 70% de ese dinero está invertido en deuda pública, lo que hace complejo su movimiento.
El decreto establece plazos cortos y estrictos: las AFP tendrán 20 días para girar la primera mitad de los recursos y 10 días más para el saldo restante, mientras que en el caso de los pensionados el plazo será de apenas 15 días. El Gobierno argumenta que la medida busca solucionar el “descalce” del sistema, evitando que el Estado siga pagando pensiones mientras el ahorro de los trabajadores permanece invertido en el sector privado.
Sin embargo, gremios y expertos advierten que la decisión podría afectar directamente a quienes están próximos a pensionarse, además de generar impactos en el mercado de deuda pública y abrir espacio fiscal para mayor gasto del Estado. Para algunos analistas, el traslado no solo va en contravía del marco jurídico, sino también del espíritu de la reforma pensional, que planteaba que estos recursos debían ahorrarse para respaldar el pago futuro de pensiones.
