La aprobación de la nueva Ley de Sometimiento volvió a encender el enfrentamiento político entre Gustavo Petro y el presidente Abelardo De La Espriella. A través de su cuenta de X, Petro cuestionó duramente la iniciativa y aseguró que, mientras a él lo criticaban por intentar acabar con los conflictos armados bajo los principios de verdad, justicia y reparación, el actual Gobierno terminó aprobando una norma que, según su interpretación, representa beneficios para los narcotraficantes. “Un regalo al crimen de narcotráfico”, fue la contundente frase con la que el exmandatario resumió su rechazo a la ley.
La norma, que fue aprobada por el Congreso y sancionada el 4 de noviembre como Ley 2640, establece un mecanismo para que integrantes de organizaciones criminales y grupos armados ilegales se sometan a la justicia ordinaria. Entre sus principales beneficios contempla una reducción de hasta el 50 % de las penas para los integrantes rasos y del 30 % para quienes hayan ejercido funciones de mando, a cambio de compromisos como entregar las armas, revelar información sobre sus estructuras, entregar bienes ilegales y contribuir a la reparación de las víctimas. El Gobierno de De La Espriella defiende que los beneficios estarán condicionados al cumplimiento de esos requisitos y que las víctimas tendrán participación en las decisiones sobre libertad condicional.
La propuesta que impulsaba Petro era diferente: hacía parte de su política de Paz Total y buscaba aplicar mecanismos de justicia transicional a organizaciones criminales, con penas de entre cinco y ocho años para máximos responsables y de dos a cinco años para otros integrantes, además de beneficios para bandas urbanas y jóvenes procesados por hechos relacionados con la protesta social. A cambio, los grupos debían entregar armas, revelar información sobre sus delitos y estructuras, entregar bienes y reparar a las víctimas. La diferencia está en el modelo de sometimiento y en el alcance de los beneficios, aunque ambas iniciativas contemplaban reducciones de penas.
