Un grupo de mujeres marchó en Pereira, Risaralda, para exigir respeto hacia la primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda, luego de que el caricaturista Julio César González, conocido como Matador, la llamara “ratita” en redes sociales. La manifestación, que reunió a mujeres de distintas edades con pancartas en mano, buscó visibilizar el rechazo a los insultos y defender la dignidad de las mujeres en el país.
La controversia no se quedó en el ámbito social. SEMANA conoció que fue radicada una denuncia en la Fiscalía General de la Nación contra Matador por la presunta comisión de cinco delitos. El documento, presentado por Carlos Andrés Ríos Puerta, director del Dapre y consejero comisionado de paz (e), solicita investigar al caricaturista y expone argumentos relacionados con un contrato de prestación de servicios celebrado en 2024, en el que se habrían presentado inconsistencias.
Entre las observaciones señaladas en la denuncia está un error en la identificación del contratista dentro del contrato, así como una inconsistencia en el manejo del IVA, que habría sido corregida meses después mediante un otrosí. El valor inicial del contrato ascendía a $257.040.000, con pagos mensuales adicionales por concepto de IVA, pese a que el RUT del contratista registraba la condición de “no responsable” de dicho tributo. Estos puntos, según el documento, justifican una revisión detallada de la contratación y de las condiciones bajo las cuales se otorgó.
