La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), María Carolina Restrepo, acudió el pasado 1 de octubre a la Fiscalía General de la Nación para denunciar una serie de mensajes difundidos en redes sociales que, según sostuvo, cruzaron la línea de la crítica y terminaron generándole temor por su seguridad. La funcionaria pidió investigar a los responsables de tres perfiles y entregó a las autoridades material como capturas, su teléfono celular y otros elementos relacionados con las publicaciones.
La denuncia surgió después de la controversia alrededor de una intervención de Restrepo en la Comisión Séptima del Senado. De acuerdo con el ICBF, la funcionaria considera que la difusión de un video que, según su denuncia, habría alterado el contexto de sus palabras estuvo seguida por una escalada de mensajes hostiles, entre ellos publicaciones en las que se habría revelado su ubicación y se habría mencionado la intención de verla personalmente. La Fiscalía deberá determinar si existe relación entre esos hechos y si hay responsabilidades penales.
El caso provocó una contundente reacción del presidente Abelardo De La Espriella, quien manifestó públicamente su respaldo a Restrepo y rechazó los mensajes denunciados. “Quien se mete con un funcionario de mi Gobierno se mete con el Tigre”, afirmó el mandatario, al tiempo que aseguró que su administración continuará enfrentando la corrupción en el ICBF. Mientras avanza la investigación, el episodio vuelve a poner en el centro de la discusión la tensión política alrededor de la entidad y los límites entre la crítica pública, la confrontación política y los mensajes que puedan representar un riesgo para los funcionarios.
