El presidente Abelardo De La Espriella ha fijado una de las posturas más contundentes de su Gobierno frente a las estructuras armadas que buscan imponer miedo y restricciones a la población. El mandatario ha insistido en que su prioridad es garantizar la tranquilidad de los habitantes y recuperar el control territorial en las regiones donde los grupos ilegales pretenden imponer sus condiciones. La declaración cobró especial relevancia tras la crisis de seguridad registrada en Santa Marta, donde las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) anunciaron un paro armado luego de un operativo de la Fuerza Pública contra integrantes de esa organización.
La respuesta del Gobierno fue inmediata: se ordenó militarizar Santa Marta y reforzar la presencia de la Fuerza Pública, mientras el propio presidente se desplazó hasta la ciudad y recorrió sectores afectados por la situación de orden público. El episodio se convirtió en una prueba para la política de seguridad de la nueva administración y generó un amplio debate nacional sobre la capacidad del Estado para enfrentar a organizaciones con arraigo territorial. Aunque el paro terminó después de varios días de tensión, reportes periodísticos señalaron que el temor entre comerciantes y habitantes continuó incluso después del levantamiento de las restricciones.
Desde el Gobierno, De La Espriella ha presentado la respuesta como una demostración de que el Estado no cederá ante las amenazas de los grupos armados. Su mensaje busca marcar distancia frente a épocas en las que estas organizaciones podían paralizar comunidades mediante intimidaciones y bloqueos. Sin embargo, el desafío va más allá de una respuesta militar inmediata: expertos y analistas han advertido que recuperar de manera permanente el control territorial requiere enfrentar las economías ilegales y garantizar una presencia institucional sostenida.
