El presidente Abelardo De La Espriella puso nuevamente en el centro de la polémica a Juan Guillermo Monsalve, uno de los testigos más controvertidos del caso que involucró al expresidente Álvaro Uribe. El mandatario ordenó su traslado de la cárcel La Picota, en Bogotá, a la penitenciaría de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá, argumentando que el condenado habría incumplido reiteradamente el régimen carcelario. “Ningún preso tendrá privilegios”, afirmó De La Espriella, quien aseguró que no permitirá que las cárceles se conviertan en centros de operaciones criminales.
Pero la decisión tomó un giro inesperado: Monsalve terminó siendo llevado a una clínica de Bogotá tras presentar una complicación cardiovascular y permanece bajo valoración médica. El episodio ocurrió en medio del operativo dispuesto para ejecutar su traslado. Mientras el Gobierno mantiene la orden, su abogado, Miguel Ángel del Río, aseguró que la Corte Suprema de Justicia había prohibido tácitamente que Monsalve fuera llevado a otro centro penitenciario diferente de La Picota, abriendo así un nuevo frente de controversia jurídica alrededor de la decisión presidencial.
El nombre de Monsalve tiene un enorme peso político y judicial: cumple una condena de 44 años por secuestro extorsivo y fue integrante de Los Rastrojos, pero adquirió especial notoriedad por sus declaraciones en el proceso relacionado con Álvaro Uribe y por sus señalamientos sobre la finca Guacharacas. Su testimonio también estuvo relacionado con las actuaciones del abogado Diego Cadena. Sin embargo, el proceso contra Uribe tuvo posteriormente un giro judicial y el Tribunal Superior de Bogotá revocó la condena de primera instancia. Ahora, el traslado ordenado por De La Espriella y la posterior hospitalización de Monsalve vuelven a poner este explosivo caso bajo los reflectores nacionales.
